Reversa para el recorte
En la nueva Constitución dominicana figura una garantía importante como muchas otras. Es ésta: la inversión en salud, educación y tecnología deberá ser creciente, y no se permitirá que de sus presupuestos se transfieran fondos a otras áreas.
Esta salvaguarda gravita ahora sobre la decisión tomada por el Consejo de Gobierno de proceder al recorte del 20 por ciento en los presupuestos en ejecución de varias dependencias oficiales, para destinar ese dinero al subsidio de la tarifa energética.
Es una especie de desvestir a un santo para vestir a otro, con lo cual queda latente el problema de la insuficiencia financiera del Estado para poder sostener un programa de auxilio al sector eléctrico, cada vez más estancado en las complejas redes operativas que, por años, lo han convertido en el más elocuente ejemplo de ineficiencia en un servicio público tan vital.
Educación y salud, por igual, se han desempeñado con precariedades, pero han demostrado sus avances, tanto en términos cuantitativos de sus coberturas como en los cualitativos. Esto no significa que por ello deban sufrir y pagar la ineficiencia de otros sectores; no importa la razón que se invoque para justificar recortes presupuestarios de estas magnitudes.
Por suerte, el Presidente de la República parece que no sólo ha recapacitado por el eventual impacto negativo que esto tendría en dos sectores sensitivos, sino por las implicaciones constitucionales de un recorte no autorizado, y por ello ha anunciado que revocarán la decisión del Consejo de Gobierno en lo que respecta a Educación.
Debería hacer lo mismo, en atención a las mismas y a otras razones de peso, y recortar entonces a secretarías de Estado que de seguro no están haciendo ni harán nada relevante por el desarrollo o el bien común en nuestro país.
